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Pamplona, Navarra, Spain
Irene Jiménez Gómez Estudiante Sociología Aplicada

jueves, 21 de marzo de 2013

Noticia 11. "Europa lanza un ultimátum a Chipre y le exige un plan inmediato".

El País, a 21 de marzo de 2013.

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 La Unión Europea se creó con la finalidad de ser una comunidad política y económica que velase por la seguridad e integridad de todos los países miembros. Para fijar aun más los lazos, en lo que respecta a la unidad económica, se creó el euro, aceptado por la gran mayoría de países integrantes. A su vez, se consolidó el Banco Central Europeo, encargado de gestionar y controlar la moneda de la comunidad.

Desde que llegó la crisis económica, la única en la existencia de la comunidad, surgieron las complicaciones, y fue a raíz de este momento, cuando los intereses de los países con mayor poder, dentro de la unión, afloraron. Alemania, liderada por Angela Merkel, es uno de los países con mayor peso dentro de Europa -y del mundo-, y por ende, tiene una mayor potestad para decidir el tipo de políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea.

A los países, denominados despectivamente como PIGS -Portugal, Italia, Grecia y España-, se les ha acusado de haber gestionado mal el dinero, ya sea por la corrupción o por llevar un etilo de vida superior al de sus posibilidades. Por ello, la austeridad y los recortes se han convertido en las exigencias favoritas de la Unión para los países en estado crítico. A su vez, la comunidad ha ofrecido el rescate económico de los países más afectados, como ayuda para solventar la crisis. Sin embargo, estos “créditos” están infectados y cuentan con una serie de intereses desorbitados, los cuales endeudarían, casi de por vida, a los países que lo soliciten.


Chipre se ha negado a aceptar el rescate, a pesar de que su situación es crítica. Por ello, la Unión Europea le ha amenazado con echarle de la comunidad, lo que conllevaría a expulsarle del euro. Esto sería catastrófico para la economía del país. De este modo, las naciones con problemas económicos se encuentran atadas de pies y manos ya que, por un lado, si aceptan el rescate deberán pagar intereses muy altos, y por otro lado, si no aceptan el rescate, estarán condenados a salir del euro. Estas son algunas de las trampas que nos impone el sistema capitalista.

Noticia 10. "Navarra es una de las comunidades con más viviendas vacías disponibles".

Noticias de Navarra, a 21 de marzo de 2013.

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 La crisis económica mundial, iniciada desde el 2008, está teniendo unas consecuencias severamente negativas en algunos países de Europa, como por ejemplo, en España. Los desahucios se están convirtiendo en la norma, provocando que miles de familias se queden sin un techo donde vivir. El estilo de vida se está viendo modificado, conduciéndonos a una calidad de vida más precaria y empobrecida. De hecho, uno de los fenómenos más dramáticos que ha surgido fervientemente desde la actual crisis, son los suicidios por desahucios, como única alternativa ante la falta de soluciones.

En este contexto, el gobierno, de corte conservadora, está dejando de lado su mirada humana y social, y se está centrando en recortar todo lo que tenga que ver con el sector público, como la sanidad, la educación o las pensiones. A penas quiere abrir los ojos para darse cuenta de que hay otras soluciones, menos drásticas, para salir todos juntos de la crisis. La vivienda, como reivindican plataformas tales como la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos españoles, y como tal, es invulnerable. En este sentido, el gobierno debería evitar que haya viviendas vacías cuando miles de personas no tienen a donde ir. Los alquileres sociales, a un módico precio, pueden ser una alternativa para no dejar de lado a los más débiles.


El gobierno, y la política en general, han perdido la legitimidad de la que antes contaban. Los ciudadanos españoles no se sienten cómodos y desconfían de las medidas que se toman, calificándolas de egoístas y materialistas. El gobierno por y para el pueblo se entiende hoy como el gobierno para y por sus intereses, convirtiendo la política en un instrumento de poder económico y no social.

Noticia 9. "La CIA firma un contrato con Amazon de 463 millones de euros".

ABC, a 21 de marzo de 2013.

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 La CIA, Agencia Central de Inteligencia, es la organización de Estados Unidos encargada de proteger la seguridad nacional, mediante la vigilancia o el espionaje tanto dentro como fuera del país. Ésta está al servicio del gobierno, el cual determina, en la gran mayoría de ocasiones, las misiones que debe de cumplir.

Una organización de seguridad debe de contar con los recursos económicos, y sobre todo, tecnológicos suficientes, para poder estar a la altura y manejar el mayor terreno posible. Por ello, parte de este acuerdo con Amazon, una de las mayores empresas estadounidenses de comercio electrónico, se puede deber al cumplimiento de esta necesidad. Dado que Amazon controla gran parte de la nube electrónica, siendo uno de los más importantes, junto con Google, es razonable que la CIA haya requerido de su ayuda.


Otra explicación inmediata a este acuerdo puede venir desde los propios objetivos internos de la CIA. Quizás, sea posible que la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, quiera tener acceso a los servicios de Amazon, para obtener datos privados, y por tanto, jugosos, de los consumidores. Esto podría llevar un control extra sobre la vida online de las personas, hasta ahora, difícil de manejar. El ciberterrorismo es uno de los fenómenos más novedosos, y por ende, más complicados de tratar. Las nuevas tecnologías, nos permiten navegar, de forma anónima, por la red, y eso puede ser un hándicap para los gobiernos o demás organizaciones de vigilancia.

jueves, 14 de marzo de 2013

Noticia 8. "Los antidisturbios de los Mossos llevarán el número de identificación en la espalda".

El Mundo, a 14 de marzo de 2013

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  En España, las manifestaciones, fundamentalmente en relación al malestar económico, cada vez son más comunes y multitudinarias. Las personas se están animando a salir a las calles y protestar, superando en parte el individualismo que los tenía consumidos, para reivindicar sus derechos como ciudadanos.

  La gran mayoría de las manifestaciones comienzan siendo pacíficas, pero siempre hay cabida para la violencia. Los antidisturbios, cuya función principal en estos casos es “disolver” a la gente -entiéndase como dispersar a los grandes grupos-, se ven muchas veces superados por las circunstancias y emplean la fuerza para acabar con el problema.

  Las denuncias por actuación desmedida se van acumulando en el Ministerio de Defensa, y parece que nadie quiere dar la cara cuando ocurre alguna desgracia, como en el caso de Iñigo Cabacas. Por todo ello, los Mossos d´´ Esquadra han decidido incorporar a su uniforme un código -diferente al del TIP, al número de placa profesional- individual para poder ser identificados de forma inmediata por cualquier persona. De esta forma, cualquier manifestante descontento por el servicio del antidisturbio podrá aplicar esta política de “transparencia” para denunciar de forma específica y personal.


Noticia 7. "La justicia europea permite a los jueces parar desahucios por cláusulas abusivas".

El País, a 14 de marzo de 2013

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  Uno de los fenómenos más mediáticos y con mayor importancia de la actualidad es el de los desahucios. Desgraciadamente la crisis económica, y la incapacidad de España de salir como país a flote, están provocando que muchos ciudadanos no tengan con qué pagar sus hipotecas. El gobierno, en vez de proteger a los más perjudicados, está dando rienda suelta a los bancos y demás empresas privadas, haciendo oídos sordos a las multitudinarias protestas en contra de éstos abusos.

  José María Fernández Seijo, juez barcelones, fue quien dio el primer paso para que su profesión tuviera algún tipo de responsabilidad en todo este asunto. Tras unas consultas en el Tribunal de Luxemburgo, la Unión Europea ha defendido que la norma hipotecaria española es incompatible con la ley europea en varios puntos, como por ejemplo en la capacidad de acción de los jueces.

  El gobierno de España, que hasta ahora ha seguido la política de: “la supervivencia de el más fuerte” -propia de una ideología de derechas-, se ha visto forzado a aprobar el proyecto de ley sobre los desahucios, ofreciendo más posibilidades a los más desamparados.


jueves, 7 de marzo de 2013

Noticia 6. "Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas".

Diario de Navarra a 7 de marzo de 2013

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  Las políticas públicas vienen y van según el partido que esté en el poder. En el caso de tráfico, cuando el PSOE gobernaba, el límite de velocidad se redujo por un tiempo -más breve del que esperábamos después de la inversión tanto en material como en personal- . Actualmente, el PP quiere aumentar la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos muy específicos -fundamentalmente en autopistas-, reduciendola hasta 40 kilómetros por hora en las carreteras que no son de pago.

  Muchos ciudadanos desconfían de la intencionalidad de este tipo de políticas públicas. ¿Realmente están diseñadas para asegurar nuestro bienestar o esconden algún otro fin recaudatorio? Lo cierto es que el gobierno (con independencia del partido político), debe fomentar el uso de las autopistas para recuperar la inversión que tuvieron que realizar en su construcción. Los peajes están sufriendo las consecuencias de la subida del IVA, y cada vez son más las personas que intentan esquivar este tipo de carreteras “cómodas" y "rápidas”, sustituyéndolas por otras con unas condiciones menos prácticas y más lentas.

  Sin duda, el objetivo intrínseco de este proyecto de política pública es el fomentar la circulación de los coches -fundamentalmente de uso particular- por las autopistas, ofreciendo un único incentivo: el aumento de la velocidad permitida.


Noticia 5. "Empleo a cambio de alojamiento, manutención y 'posible sueldo futuro".

La Gaceta, a 7 de marzo de 2013

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  La noticia nos habla sobre la indignación que presenta Comisiones Obreras, uno de los sindicatos principales de España, ante un anuncio publicado en Internet. En él, se busca a un varón con conocimientos de construcción y electricidad, que esté dispuesto a trabajar a cambio de alojamiento y manutención, pero sin ningún tipo de remuneración económica legal -sin sueldo-. Comisiones Obreras advierte que estamos ante un caso de explotación y lo denuncia a la Fiscalia.

  Ante la crisis económica, el paro y la escasez de recursos hacen que las personas tengan que tomar medidas desesperadas. La vivienda, derecho fundamental según la Constitución española, ha pasado a convertirse prácticamente en un privilegio entre los españoles. El mercado de trabajo tiene experiencia histórica en jugar con las necesidades más profundas de las personas. En este caso, los individuos con mayores dificultades para mantenerse deben de acceder a este tipo de “empleos”, vulnerando sus derechos tanto como ciudadanos, como trabajadores.

  Comisiones Obreras, sindicato de vertiente más socialista, lucha por defender tales derechos en base a la legalidad, denunciando cualquier tipo de abuso por parte del mercado de trabajo. La única forma de controlarlo es mediante la inscripción en la Seguridad Social y a través de una contraprestación económica, es decir, un sueldo, que cumpla los requisitos del salario mínimo interprofesional.